APORTES PARA LA DISCUSIÓN
Comisión Directiva Central
Marzo de 2009
Nuevo año, nuevo desafío
Detrás de cada necesidad existe un derecho*
Año bravo nos espera.
Aunque la mayoría de los años son bravos para los trabajadores, cosa que vamos entendiendo con el pasar del tiempo.
Cuando hay crecimiento económico, lo único que parece aumentar son los ritmos de trabajo, porque lo que es el ingreso, bien gracias. Cuando la taba se da vuelta y la crisis, o las crisis, (porque ya sabemos que son cíclicas y se repiten con cierta periodicidad) golpea a distintos sectores sociales, vemos que somos siempre los mismos, los de abajo, o sea los trabajadores, quienes más ponemos. Pero eso no se debe a ninguna ley natural, sino a la firme decisión por parte de las patronales de sostener su tasa de ganancia pretendiendo, y logrando en algunos casos, que la crisis sea absorbida por los trabajadores y sus familias, mediante la flexibilización de las condiciones de trabajo, el congelamiento salarial, o la baja de salarios, ahí donde pueden aplicarla, y hasta el despido abierto y descarado.
¿Qué debemos hacer entonces los trabajadores ante un panorama tan adverso?
¡Organizarnos y luchar!
¡Tomar conciencia de que tenemos derecho a vivir dignamente, y que ello depende de nuestra unidad por sobre todo!
Desde AGMER te proponemos que no te resignes ni te dejes ganar por el pesimismo. Sumate y participá para construir una realidad mejor.
Las negociaciones y la mala fe del gobierno
Los días 11 y 12 de marzo se realizaron en la Dirección Provincial del Trabajo las dos audiencias de paritarias con representantes de AGMER, AMET y patrocinio legal de ambos sindicatos.
El CXXXVIII Congreso Extraordinario de nuestra entidad había resuelto asistir a la mesa paritaria con las siguientes demandas:
1) Devolución de los días descontados por paros en 2008 y no ejecución de descuentos por días de paro en 2009.
2) Derogación de las normas extorsivas del CGE
3) Abrir discusión presupuestaria y salarial.
Concluida la segunda audiencia quedó de manifiesto que el Gobierno no actuó de buena fe en la convocatoria, ya que no tenía nada nuevo para ofrecer.
Sobre el punto 1 de nuestras demandas, la respuesta fue que “es una política de este Gobierno efectivizar el pago sólo a aquellos trabajadores que asisten a trabajar los días que se realizan paros” y que era una “cuestión cerrada”.
Sobre el punto 2, sostienen que “es para un mejor ordenamiento del CGE, para evitar la anomia y la anarquía”.
Sobre el punto 3, ratifican la oferta de los 7 millones de pesos, que ya había sido rechazada por nuestro Congreso, y proponen adelantar tres cuotas del incentivo docente para ser abonadas en mayo, julio y septiembre.
En síntesis, no hubo respuesta a ninguno de los puntos establecidos por el Congreso. El gobierno se sigue valiendo de una tesitura de la Década Infame del 30, cuando surgió aquello de “día no trabajado, día no pagado”. Sigue reafirmando resoluciones persecutorias a los directivos y pretende que aceptemos como oferta salarial el pago de cuotas del incentivo docente que sabemos que es una deuda del Gobierno nacional.
Ante esta situación se plantea en la audiencia la aplicación del Artículo 16 de la Ley de Paritarias Nº 9624, que establece el “estado de beligerancia” y la situación de conflicto a partir de ese momento, solicitando que se convoque inmediatamente a una audiencia de conciliación en el ámbito administrativo. Para ello se dispone del plazo máximo de 5 días hábiles, a partir del 12 de marzo, que se efectivizará el jueves 19 de marzo, a las 9hs.
Cabe aclarar que, el mismo artículo, plantea la posibilidad, ante un posible fracaso en esta instancia administrativa, de que cualquiera de las partes vuelva a solicitar audiencias de conciliación en el Juzgado de Trabajo, donde el juez interviniente puede convocar a las partes por un término máximo de veinte días hábiles.
El Gobierno, con una clara actitud autoritaria, no sólo castiga al sector docente, empobreciéndolo aun más con los descuentos por días de paro, sino que además no justifica el destino de nuestro dinero realizando una retención salarial que significa cuatro veces el monto ofrecido como aumento.
En este marco, el plan de acción que resolvamos en conjunto, no sólo debe sostenerse entre todos en solidaridad, sino que no debe ser funcional a un Gobierno autoritario, que utiliza el empobrecimiento docente para sostener la máquina política punteril.
Esta lucha es política, no puede encararse con una única acción. Las estrategias deben ser combinadas, deben mostrar la voluntad de pelea de la docencia que, en unidad y con convicción, lucha por sus derechos y defiende la escuela pública. Contra un Estado que le da la espalda al pueblo -a través de los distintos poderes y de sus funcionarios liberales- debemos cercar la escuela, rodearla de comunidad educativa, para no enfrentarlos solos.
Dentro de las estrategias a llevar adelante, debemos resolver si llevamos el reclamo de los descuentos al ámbito judicial, aunque sepamos que esta lucha no es judicial sino política y que la salida es colectiva, en unidad con otros trabajadores, y no sólo docentes.
Esta Comisión Directiva Provincial se pone al frente con todos sus representantes de lo que decidamos colectivamente.
De la misma forma, como entidad de base de la CTA, AGMER debe discutir y llevar mandato –a través de sus congresales- al Congreso Nacional de Delegados que se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo en Capital Federal. Allí se
Discutirán dos tendencias: una opción que promueve una jornada nacional de lucha y otra que promueve un paro nacional de la Central.
Sistema educativo en crisis y el abandono del Estado
Los trabajadores hemos soportado muchas crisis y cuando las ganancias han superado cualquier expectativa de la patronal, esta no se ha volcado ni a los salarios, ni al blanqueo de los mismos, ni al mejoramiento de las condiciones laborales, ni a la producción del pleno empleo, ni a la mejora de la calidad de vida de todo el pueblo de nuestra provincia, ni tampoco –está claro- a la educación.
Como venimos denunciando públicamente desde comienzo del actual ciclo lectivo:
A todos nos hubiese gustado comenzar con normalidad el ciclo lectivo.
A todos nos hubiese gustado encontrarnos en la escuela y que éste fuera un espacio digno para ejercer los derechos de enseñar y aprender.
Sin embargo, nuestra responsabilidad como educadores es hacer visible la situación de la educación pública entrerriana: este es el objetivo principal de la lucha docente.
¿Cómo efectivizar el ejercicio del derecho a la educación con normalidad si las condiciones mínimas no están garantizadas?
Como todos los años, este inicio escolar 2009 puso en evidencia una situación educativa que arrastra años de retraso y desinversión, y que afecta con mayor crudeza a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad:
-Falta de edificios y aulas, mientras la matrícula crece de manera sostenida. Los espacios están superpoblados o en condición de hacinamiento.
-Edificios deteriorados. Con techos que se llueven, mampostería que se derrumba, paredes húmedas y con rajaduras, patios de tierra, aberturas inutilizadas…
-Instalaciones sanitarias y eléctricas colapsadas, que ponen en serio riesgo la salud de docentes y alumnos
-Carencia de mobiliario y recursos para la limpieza, faltando incluso lo más esencial: bancos, sillas, pizarrones, armarios.
-Deficiencia en transporte para acceder a los establecimientos
- Partidas insuficientes para comedores escolares
- Ausencia de espacios para el desarrollo de actividades pedagógicas
Todo ello, por mencionar sólo lo más visible, configura una realidad que nos obliga a asumir un compromiso conjunto en la defensa de la escuela pública para los sectores populares.
Todas estas situaciones han sido planteadas a las autoridades educativas, sin obtenerse respuestas, aún cuando en muchos casos se trata de reclamos de varios años.
El hambre es un crimen
Esta misma problemática de abandono del Gobierno de sus deberes como Estado está articulada con un conjunto de políticas sociales que consideran un gasto la promoción humana. En estos días, el subsecretario de políticas alimentarias César Kerbs, solicitó a través de la circular 3 de Comedores Escolares, que los directivos eleven una planilla para realizar un re-empadronamiento con el fin de recortar partidas. Se subvenciona la pobreza con más pobreza. Alumnos pobres para escuelas pobres. sacamos de los comedores escolares a niños necesitados porque sus padres cobran por ellos un plan familia de $ 160, (¡que fortuna no!) ¿Esto es asegurar el derecho a la alimentación?
Y el Gobierno pide disculpas; lo que debe hacer es garantizar políticas públicas que nos incluyan a todos.
El Gobierno pretende cargar en la espalda de los maestros la responsabilidad de sostener una escuela paupérrima, sin los más básicos recursos para el funcionamiento de las instituciones, sin salario acorde a la canasta familiar, sin reclamar a la Nación los recursos que nos pertenecen, persiguiendo y penalizando a los trabajadores que ejercemos nuestro legítimo derecho a huelga.
Aquí no hay fracaso escolar, hay fracaso de las políticas públicas. En este contexto, el Gobierno pretende implementar la nueva Ley de Educación Nº 9890.
Comisión Directiva Central
AGMER
