jueves, 31 de enero de 2008

LA ILEGALIDAD DE NUESTRO SALARIO TIENE SU LÓGICA

Como es de público conocimiento la Argentina deberá afrontar pagos de la deuda externa en este año por la friolera de US$ 14.500 millones de dólares, es decir $ 45.675 millones de pesos equivalente casi al 40% del presupuesto total de la Nación; sin contar todos los pagos efectuados por la administración Kirchner y el destinado a la cancelación en efectivo al FMI de casi US$ 10.000 millones a fines del año 2005. Con todo esto se prevé que parte de esta deuda se ha cancelado y se seguirá cancelando con el tan famoso SUPERAVIT FISCAL que resulta de la ecuación:
INGRESOS – GASTOS = SUPERAVIT FISCAL.
(Ingresos: AFIP, ANSES; IMPUESTOS, RETECIONES, etc.)
(Gastos: Todos lo gastos del presupuesto entre ellos Salud, Educación, Seguridad, Infraestructura, etc.)
De lo que se desprende que ajustando los gastos y manteniendo el actual modelo agro exportador, con dólar alto, el éxito está garantizado: más reservas y la caja llena.
En este marco las provincias han perdido toda “autonomía” económica para tomar las decisiones; el tan mentado “Estado Federal” está solo en los Marcos Jurídicos. Los Estados provinciales en su mayoría mantienen deudas con el poder central y este actúa como disciplinador.
Entre Ríos no es una isla, hemos sido alumno ejemplar en la aplicación de estas políticas nacionales. Nuevamente enfrentamos un comienzo del año escolar y se abren “nuevas negociaciones” (salario, infraestructura, leyes) todas las respuestas a las demandas que plantea este gremio están orientadas hacia la Nación (Paritaria Nacional, Inversión de Infraestructura.)
Nos preguntamos: ¿y la ley de Coparticipación Federal?, ¿Cómo vuelven a la provincia los recursos que generamos en nuestro territorio?, ¿Qué beneficios tenemos los entrerrianos por la superproducción de granos (soja)?.
Las políticas salariales de pagos con códigos en negro y grises (remunerativos no bonificables) lesionan y licuan nuestro ingresos, frenan la movilidad, no respetan el estatuto (antigüedad), desfinancian las Obras Sociales, afectan los aportes jubilatorios y por su carácter son ilegales, con la gravedad que es el propio gobierno quien viola las leyes.
Indudablemente la necesidad de cumplir con la Deuda Pública (legítima o ilegítima) hoy planteada en US$ 137.114 millones de dólares condiciona todas las negociaciones salariales de los trabajadores, los maestros venimos sufriendo sistemáticamente esta situación. Hoy un cargo docente sin antigüedad percibe $ 1108,oo ( apenas cubre la canasta de la línea de la pobreza) de los cuales:
$ 480 básico 43,32%
$ 80 cód. 06 7,22%
$ 548,82 cód. en negro 49,46%
Así podemos entender la lógica que se impone cuando discutimos salario, la ilegalidad (pagos en negro) implica menos “gastos” para el gobierno porque blanquear códigos necesariamente implicaría mayor inversión. Es imposible pensar en otra distribución equitativa de los ingresos si los gobiernos atesoran todos los recursos que generamos, sin volcar estos excedentes en proyectos productivos y en atender las necesidades básicas de los ciudadanos.
La lucha de los trabajadores entrerrianos es plantear una mejor distribución, equiparar nuestros ingresos con las necesidades reales del costo de vida; para esto es imprescindible estar unidos, para cambiar esta lógica que se nos impone y nos lleva a más pobreza.